Apr 25, 2008
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Río Tercero: el contrato de concesión de agua y cloacas, enredado
Finalmente no se trató ayer en el Concejo Deliberante el nuevo contrato de concesión de agua potable y cloacas a la Cooperativa de Obras local, por dudas que surgieron vinculadas a la legalidad del proceso de votación. Esa alternativa la había adelantado ayer este diario.

(Río Tercero - 25/04/2008)
En el Concejo apareció una objeción contra la edila Margaritas Vargas, del Vecinalismo Independiente, planteando que se debía excusar de votar por este tema, porque se lo impedía el Código de Ética, que establece que personas vinculadas a empresas concesionarias del municipio no pueden ser funcionarios municipales. Tampoco podrían votar como concejales cuestiones relacionadas a esas concesiones. A Vargas se le objetó que como socia de la empresa Imexar, que presta el servicio de vigilancia a la Cooperativa de Obras, no podría votar por esta cuestión.

El voto de Vargas era el que el bloque radical esperaba sumar para dejar aprobado el proyecto en primera lectura. Las dudas sobre la legalidad de esa cuestión calaron hondo en el oficialismo radical, porque varios de sus ediles prefirieron no apurar el tratamiento ante el interrogante de si luego no quedaría impugnado o anulado. Hasta el propio intendente Luis Brouwer de Koning, se encargó de afirmar que el gobierno municipal se fijó ahora una semana para analizar jurídicamente la cuestión.

Brouwer descartó la versión de que se esté analizando la posibilidad de autorizar por ordenanza que la Cooperativa incremente las tarifas por tres meses, con el actual convenio. En el seno de los propios ediles oficialistas había caído mal ayer el rumor sobre esa posibilidad, a la que no creyeron oportuna.

El presidente del Concejo, el radical Alberto Martino, opinó que era legal el voto de Vargas. "Entonces nadie podría votar porque todos somos socios de la Cooperativa, es decir dueños y tenemos interés directo", achacó. También dijo que tampoco podría votar la edila Silvia Quiroga, del bloque justicialista, porque su madre es consejera de la Cooperativa y esa situación podría plantearse también como "conflicto de intereses". Martino calificó la objeción a Vargas de "chicana política" y adjudicó la autoría a cuestiones de la "interna" del justicialismo.

Mientras, Vargas aclaró que sólo es propietaria del 20 por ciento de Imexar. "Hay una intencionalidad política", contestó y dijo estar segura de poder votar. Y se preguntó también si Quiroga podría votar ya que su madre integra la conducción de la Cooperativa.

Por su parte, la concejala Quiroga aclaró que el pedido de objeción al voto de Vargas "no está dirigenciado por el bloque (del PJ) sino por un vecino preocupado por la población (en alusión al militante peronista Alberto González) que presentó la nota al Concejo". Y dijo que ya había evaluado su situación por su madre en la conducción de la Cooperativa y que esa situación no la inhibe de votar. Dijo que repasó ordenanzas sobre contrataciones con parientes de funcionarios y que se involucra a titular y cónyuge y no va más allá en el grado de parentesco.

Desde el ARI, Rodolfo Arribas, coincidió con el bloque justicialista en cuanto a que Vargas no debe votar porque presta su empresa presta un servicio a la Cooperativa que explota una concesión municipal. "Es clara la letra del artículo y el espíritu; esta concejal debe apartarse", acotó.