Mar 31, 2008
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Las alicaídas arcas de los municipios y la necesidad de mejorar la infraestructura han hecho que varios intendentes tengan que ceder impuestos para hacer obras
Se expanden los fideicomisos destinados a proyectos públicos; la garantía que usan es la coparticipación de tributos
(Buenos Aires - 30/03/2008)
Sin recursos genuinos para hacer frente a obras públicas básicas, los municipios apelan cada vez más a los fideicomisos para financiarse.

El Banco Provincia (Bapro), una de las principales entidades fiduciarias del país, el año pasado administró contratos por 600 millones de pesos y, este año, pretende cerrar negocio con otros 40 intendentes del conurbano. Los datos globales cuantifican la tendencia: en 2007, se duplicó el uso de esta herramienta aplicada al sector público.

El fideicomiso público es una operatoria bancaria que se formaliza a través de un contrato mediante el cual el fideicomitente (por ejemplo, una Municipalidad) encomienda la administración de su patrimonio (bienes o fondos) o una parte de ellos al fiduciario (por caso, el Bapro), para que de acuerdo con un propósito determinado, lo administre frente a un beneficiario (contratista o concesionario), que deberá cumplir con un encargo, según ciertas condiciones convenidas.

No sólo los fondos fiduciarios -como se denominan los fideicomisos, cuando se trata de cuentas públicas- se expanden. En general, este tipo de operaciones se convirtió en la estrella financiera posdevaluación y no para de crecer: en 2004, se emitieron fideicomisos por $ 1628 millones y, el último año, la cifra trepó a 8500 millones, con una tasa de expansión interanual del 24%, según datos de la cámara argentina de fideicomisos.

Consultado por LA NACION, el presidente de Mandatos y Negocios de Bapro, Lisandro Catalán, explicó que en el actual contexto de crecimiento económico el desafío es ampliar las oportunidades socioeconómicas, para mejorar la calidad de vida de la población. "Esto sólo se puede lograr por medio de una fuerte inversión en programas orientados al desarrollo. El fideicomiso puede ser una extraordinaria palanca", dijo. "Buscamos ser una herramienta para ayudar al sector público de la provincia, y pretendemos llegar a los 134 municipios bonaerenses para exponer los beneficios de los fideicomisos para financiar obra pública", agregó.

Con este objetivo, este año pautaron más de 40 reuniones con autoridades de los municipios más importantes. "La intención es tener un crecimiento exponencial", apuntó.

La Municipalidad de Mar del Plata es una de las que se ha mostrado interesada por la herramienta. El secretario de Economía de esa ciudad, José Cano, dijo a LA NACION que ésta es la única forma que encontraron para mejorar la infraestructura sin alterar el delicado esquema financiero. "Es un sistema novedoso ahora que no podemos acceder al crédito bancario", apuntó.

Para recibir este desembolso se comprometerá la coparticipación provincial como garantía de repago de los seis millones de pesos anuales. "Con el abultado déficit que recibimos, de $ 62 millones, es imposible hacer obras básicas", aclaró el funcionario.

Desde el ámbito privado, el profesor de fideicomisos del CEMA y empresario del sector Francisco Pertierra Cánepa estimó que se están quintuplicando las consultas de los municipios interesados en financiar infraestructura mediante fondos fiduciarios. Y apuntó que las concreciones se duplicaron de un año a esta parte. "El crédito tradicional no existe, y hay demandas básicas como pavimento, agua y cloacas, no sólo desde municipios de la Provincia, sino de todo el país", informó.

En los últimos años, el Estado creó varios fondos fiduciarios y el principal destino fueron obras de infraestructura.

Se dieron casos que están siendo investigados en la Justicia, porque la falta de información sobre el uso de ese dinero despertó sospechas de pagos de sobreprecios o de desvíos de fondos. El escaso control es lo que despierta más dudas entre los especialistas.

El profesor del CEMA y socio del estudio Vitale, Manoff & Feilbogen, Saúl Feilbogen, explicó que esta herramienta puede ser "muy útil" para financiar obra pública, porque "los contratistas tienen la certeza de que hay recursos aislados para aplicar a una determinada obra, que debe ser finalizada cumpliéndose plazos y condiciones".

Sin embargo, expresó algunas dudas respecto del control del uso de los fondos cuando el Estado es, a la vez, fideicomitente y fiduciario, y adelantó que hay varios proyectos presentados en el Congreso para que las partidas presupuestarias que se destinan a fideicomisos sean supervisadas por los poderes legislativos de los respectivos ámbitos en que se utilicen.

En el caso de los fideicomisos con oferta pública en la que intervienen las AFJP se reducen los riesgos, porque participa la Comisión Nacional de Valores (CNV) como contralor.

Además de los riesgos de desvíos de fondos, el especialista señaló que en municipios en los que las cuentas no están ordenadas o los ingresos son ajustados no se recomienda el uso de este instrumento, y expresó sus dudas. ¿Por qué? Como garantía del cumplimiento de los pagos, los municipios suelen afectar la recaudación de impuestos o la coparticipación.

"Las cuentas tienen que estar muy ordenadas para que se reduzcan los riesgos, porque hay municipios que ya tienen parte de su coparticipación comprometida y además dependen fuertemente de esos fondos para cumplir con gastos corrientes", aclaró. Así, de no mediar un estudio del estado de cuentas, los estados pueden complicarse más en lugar de encontrar una buena fuente para realizar obras sin fondos genuinos.

Paraná es un ejemplo reciente de un caso que terminó mal. Nación Fideicomisos -la sociedad anónima del banco Nación que quedó sospechada tras el caso Skanska- le reclama una deuda de cinco millones de pesos al municipio por incumplimientos de los pagos mensuales del anterior intendente. Según se informó en su momento, el destino de ese fideicomiso era "la ejecución de un plan de obras de pavimentación, alumbrado público, extensión de red de agua y cloacas". Pero la mayoría de estas obras no se concretaron.

El especialista Pertierra Cánepa, que estructura fideicomisos desde mediados de los 90, también manifestó que "la principal dificultad del uso de esta herramienta en el sector público es la confusión general dado que la ley fue pensada en función del derecho privado, que falta información sobre como utilizar fielmente la figura y que no existe legislación específica para el uso por parte del Estado".

Desde hace un tiempo, existe un informe bastante crítico de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los fondos fiduciarios existentes, ya que pareciera que hay compromisos que no se cumplen, confusión e interferencia de roles, problemas de administración y reasignación de partidas. "Por eso, sería necesario legislar para que no se comentan irregularidades cuando interviene el Estado", sugirió.

En el conurbano bonaerense, con municipios que no suelen tener cajas holgadas y cuyos intendentes gozan de superpoderes, según los especialistas, se vuelve necesario poner el foco en el control del uso de los fondos. Sólo así esta herramienta será útil para potenciar el desarrollo en tiempos en los que el crédito bancario es escaso y caro. En municipios en los que las cuentas no están ordenadas o los ingresos son ajustados no se recomienda el uso de este instrumento, ya que como garantía se ceden los derechos sobres la coparticipación de impuestos

Fuente: LA NACION