Feb 11, 2008
Author: La Arena

Tasas: la Constitución exige información “adecuada y veraz”
La jueza que hace casi cinco años obligó a la municipalidad a dar marcha atrás con un aumento retroactivo en la tasa por agua potable, dijo en esa resolución que el artículo 42 de la Constitución Nacional, referido a derechos de los consumidores, “debe ser operativo”.

El fallo de Graciela Martín luego fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y el Superior Tribunal de Justicia y la comuna devolvió lo que había cobrado ilegalmente en dos períodos de 2002.
La referencia a ese artículo, en una resolución de estas características, no parece menor atento a que obliga a los prestadores a brindarle a los usuarios o contribuyentes “una información adecuada y veraz”, algo que no ha ocurrido con el tarifazo que dispuso el intendente unilateralmente, sin contar con la aprobación del Concejo Deliberante.
El texto dice que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Agrega que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.
Sin embargo, las boletas con las nuevas tarifas en barrido de calles, recolección de basura, riego, calle asfaltada, agua potable y cloacas son un jeroglífico, a tal punto que existen casos donde el consumo de agua es cero –algo imposible, excepto que la casa esté deshabitada–, pero los contribuyentes tienen que abonar entre 14 y 19 pesos.
Las quejas vecinales no sólo son por el “tarifazo”, sino por su aplicación desigualdad, ya que ante situaciones similares las subas fueron diferentes. Y frente a ese panorama de desconcierto y reclamos, los funcionarios municipales respondieron con silencio en lugar de con explicaciones.
No sólo el intendente Juan Carlos Tierno eludió el jueves el contacto con este diario, sino que tampoco respondió su celular ayer el secretario de Hacienda, Oscar Vignatti, que se encontraba en Buenos Aires y menos aún fue posible hablar con el viceintendente Luis Martínez y el presidente del Concejo, Daniel Lasa, a pesar de diversos intentos.
La necesidad de explicar las subas es aún mayor teniendo en cuenta que la Ordenanza Tarifaria no cuenta con la aprobación del Concejo, como exige la Ley Orgánica de Municipalidades –fue sancionada por el Departamento Ejecutivo ad referéndum del cuerpo– y que, al menos el aumento retroactivo del agua es ilegal, según lo determinó la justicia provincial cuando se pronunció a favor de un reclamo de la ONG Adecua contra el municipio. Así y todo, las boletas con los consumos de septiembre, octubre y noviembre de 2007 llegaron a valores de la Tarifaria de 2008.