Jul 31, 2008
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Coronel Pringles. El CD ratificó la prohibición de usar bolsas de polietileno
Los ediles también aprobaron una declaración en la que se recomendó al Ejecutivo no intentar aplazar la vigencia de una ordenanza mediante un decreto.

(CORONEL PRINGLES - 05/07/2008) En una polémica sesión del Concejo Deliberante, la oposición hizo valer su mayoría en el cuerpo y recomendó al Ejecutivo que se abstenga de intentar aplazar la vigencia de una ordenanza mediante un decreto.
De esta forma, el CD ratificó la vigencia de la ordenanza Nº 3.622/07 y sus modificatorias, que prohibe el uso de bolsas de polietileno no biodegradables en supermercados y comercios locales.
Además, desestimó que el decreto 520/08, del Ejecutivo, sea válido a los efectos de prorrogar la aplicación de ordenanza hasta tanto se sancione la medida a nivel provincial o nacional (esto era lo que propiciaba el intendente Aldo Mensi).
Durante la sesión, el presidente del CD, Eduardo De Vega, solicitó pasar a su banca para debatir sobre la aplicación de esta ordenanza.
Desde allí recalcó que la ordenanza está vigente porque "la ciudadanía apoya su implementación", e hizo hincapié en la necesidad de hacer una fuerte campaña de difusión para implementar la norma cuanto antes.
Aclaró que la ordenanza apunta a los supermercados y comercios afines, y descartó que las bolsas de nylon se reemplazarán en su totalidad por otras de distinto material.
"La norma simplemente prohíbe el expendio de bolsas no biodegradables en comercios y supermercados. Entiendo que esto contribuirá a evitar el impacto ambiental negativo que causas los recipientes de polietileno", comentó.
La ordenanza iba a entrar en vigencia el 1 de marzo de este año, pero su aplicación fue prorrogada por otra, la Nº 3.650, hasta el 30 de abril. Luego, con otra ordenanza, la Nº 3.667, se volvió a prorrogar la prohibición por 60 días, hasta el 30 de junio último. De esta forma, el 1 de este mes comenzó a regir.
Sin embargo, el Ejecutivo intentó prorrogar su aplicación una vez más y sancionó un decreto a tal efecto, hecho que fue muy criticado por los ediles, al entender que es ilegal intentar modificar la vigencia de una ordenanza de esa manera.
Funcionarios comunales habían señalado que, como es facultad del Ejecutivo reglamentar las ordenanzas, podían aplazar su aplicación por decreto, algo que fue rechazado en forma tajante por los ediles pringlenses.
El interés por aplazar la aplicación de la norma, por parte del Ejecutivo, se fundamentó en la presunta "inviabilidad práctica, económica y cultural para la puesta en vigencia de lo establecido en la ordenanza".